Augusto Aras: “La criminalización de la política tomó a Brasil”
El procurador general de la República de Brasil, postulado por Bolsonaro y confirmado por el pleno del Senado, explica que la expresión lawfare no alcanza para explicar todo el contenido semántico que contiene, aclara que su rol es evitar la criminalización de la política y destaca la importancia del debido proceso en cualquier causa judicial. Los riesgos de la polarización.
¿Cómo ve a Brasil hoy con el presidente Lula, después de las elecciones altamente polarizadas del año pasado, y este que comenzó con amenazas a la democracia, cuando militantes de Bolsonaro invadieron la Praça dos Três Poderes?
Brasil sigue siendo la nación de la esperanza. Nuestro gobierno actual comenzó el 1° de enero, fue armando un equipo con gente con una enorme experiencia en la política, en la economía y en varios segmentos del Estado. Creo que la polarización ciertamente erosiona la democracia, no solo en Brasil, sino en todos los países. Sin embargo, Brasil tiene sus peculiaridades, no es solo el país del carnaval y el fútbol, es una mezcla de gente con diferentes corrientes de opinión, pluralismo político, multiculturalismo. Tenemos la capacidad de emocionarnos cuando nuestros hermanos argentinos también se convierten en campeones mundiales de fútbol. Somos un pueblo de esperanza y clamamos que un gobierno elegido por el pueblo es el gobierno posible y necesario para que Brasil encuentre su camino de desarrollo socioeconómico sostenible. Así que hago esta apertura simple para todos nuestros lectores.
¿El clima social cambió con el cambio de gobierno?
Tenemos una sociedad dividida, tuvimos una victoria del presidente Lula con una diferencia de dos puntos, efectivamente eso causó algunos problemas sociales. El 8 de enero fue un movimiento de cierta insurrección, el resultado fue muy lamentable. Tuvimos que hacer 1.200 denuncias penales contra instigadores, financistas y diferentes personas que contribuyeron al atentado contra la democracia. Nada que no sea nuestro deber. Nuestro deber es obtener la Constitución y las leyes. Pero, como dije hace un momento, estamos esperando que los brasileños sigamos unidos en torno a intereses comunes. Me dirigí a Argentina, para participar en una reunión especializada de los Ministerios Públicos del Mercosur y en la que todos los M;inisterios Públicos trataron temas que nos son comunes, como la lucha contra las organizaciones criminales en las fronteras, la lucha contra el cibercrimen, la delincuencia y también el tema de la violencia contra la mujer. El Ministerio Público brasileño está trabajando para mantener el orden legal, que es su deber, desde la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la lucha contra el crimen, pero también la defensa de la democracia, los derechos y garantías individuales, los intereses sociales, etc. Nuestro Ministerio Público es el único en el mundo que se ocupa no sólo de combatir la delincuencia. sino también de otros asuntos, intereses sociales individuales, el medio ambiente, el consumidor, la defensa de las minorías, en definitiva, nuestro Ministerio Público de Brasil, tiene sus peculiaridades.
Usted dijo: “La polarización es el peor veneno para la democracia. En la polarización, un fiscal como yo no agrada al gobierno ni a la oposición. Se lo acusa de omisión cuando solo actúa con cautela para no pasarse del límite”. ¿La polarización afecta a las instituciones democráticas y ha cambiado la forma de hacer política en Brasil?
La polarización es un fenómeno mundial. Se manifiesta precisamente por la superación del disenso en busca del consenso social. Es fundamental en una democracia primero que las mayorías respeten a las minorías. Segundo, que se respete la libertad de expresión y opinión, en todas sus dimensiones. Y la polarización contribuye a la falta de reflexión sobre temas que nos son queridos, especialmente los políticos. No podemos traducirnos en política de partidos electorales como si fuéramos al estadio de fútbol a animar a un gran equipo, no. Cuando hablamos de política, elegimos políticos y políticas públicas que determinarán el destino de nuestro pueblo. En cierto modo, la polarización que tanto nos molesta por el debilitamiento de la democracia atenta contra lo que creemos fundamental de nuestro régimen democrático: el respeto a las opiniones ajenas, el respeto a las diferentes corrientes de opinión, nuestro Parlamento en todos los Parlamentos, desde su creación por John Locke en el siglo XVII, ya se basaba exactamente en la posibilidad de tener un ambiente amplio de discusión, un ambiente en el que todos puedan expresarse, sin importar la clase social, el género.
Usted es parte del grupo de juristas que elaboró el proyecto de ley para la reforma electoral, ¿qué le ocurrió cuando el año pasado, antes de las elecciones, el expresidente Bolsonaro amenazó y se pronunció en contra del voto electrónico, cuestionando el método de votación?
En primer lugar, es necesario hacer constar que el fiscal general de la República no puede ejercer la abogacía, así que no lo he hecho desde hace algunos años. En segundo lugar, también es importante señalar que soy profesor de Derecho Electoral y Derecho Comercial en la Universidad de Brasilia, con 33 años de experiencia docente. En esta actividad formé parte de algunas comisiones de juristas para la edición de reformas electorales, así como la edición del Código de Procedimiento Civil Colectivo, la cual no logró éxito en 2009-2010, cuando pasó a ser sucedida por las instituciones de derecho procesal civil colectivo, nuestro Código de 2015. En consecuencia, hemos escrito una serie de libros sobre derecho electoral. Sin embargo, es importante señalar que, a partir de la comprensión de las teorías de la comunicación o de la semiótica de la política, nosotros en el mundo jurídico debemos adherirnos, de acuerdo con la ciencia del derecho, a la teoría general del derecho, aquellos hechos relevantes que merecen un tratamiento eminentemente jurídico. El derecho actúa de forma muy estricta, mientras que la retórica política tiene un formato más libre. Cada vez que aquí examinamos alguna representación hecha por un partido, un parlamentario o incluso por un ciudadano sobre un determinado discurso, analizamos todas esas representaciones en términos de la ley brasileña y la Constitución. De esa forma, o lo que en Brasil llamamos el “bla, bla, bla político” o técnicamente la retórica política, sólo gana repercusión en los tribunales del Ministerio Público cuando esta retórica política araña el ordenamiento jurídico, cuando trasciende el sistema político. Por eso, en nuestra administración, ofrecimos ocho representaciones contra el presidente Bolsonaro, quien me postuló dos veces y el Senado ratificó dos veces mi postulación con más del 80% de aprobación. También en relación con otros eventos, hicimos más de ocho denuncias penales contra sus ministros, de las cuales por siete u ocho también renunciaron. Algunos fueron destituidos de sus cargos. De manera que durante la administración de Bolsonaro, cuando estuve tres años y tres meses en el cargo, hicimos ocho investigaciones penales contra Bolsonaro, más de diez en términos de la CPI (Comisión de Investigación Parlamentaria) del covid, y ocho investigaciones más contra ministros de Bolsonaro. Les puedo garantizar que aquí llegan todos los días decenas y decenas de representaciones, ya sea en el gobierno actual o en el anterior. Quería marcar la importancia de los números, la prensa registra que la PGR interpuso 74 denuncias penales contra el entonces presidente Jair Bolsonaro, solo con 120 días de gobierno del presidente Lula ya vamos en el gobierno una centena de representaciones. Si resulta extraño, lo entiendo, pero puedo explicar lo que en Brasil es la criminalización de la política. Alguien planta una nota en la prensa atribuyendo a un funcionario algún tipo de delito o acto ilícito, y que alguien apele al Ministerio Público para que, por lo menos, adopte medidas constructivas que puedan derivar en una acción penal contra el funcionario. Esto se hace sin ningún cuidado técnico. Esto afecta a lo que llamamos abuso del derecho de petición o representación. En cierto modo, hasta ahora, no hemos abierto ninguna investigación criminal contra el gobierno de Lula, porque hasta ahora no hemos tenido elementos para eso, a pesar de que el número de representaciones es incluso mayor que las del gobierno anterior. Eso quiere decir que es precisa, incluso en las naciones democráticas de todo el mundo, la distinción entre lo que es retórica política y lo que es discurso legal. El discurso jurídico mueve las estructuras normativas, pero el discurso político se ubica en el campo del sistema eminentemente político, en el que la apertura permanente de este diálogo, incluso muchas veces ofensivo, agresivo y que no raya, no hiere al derecho hasta que va más allá de un cierto límite. Así analizamos todas las representaciones de todas las medidas que llegan al Ministerio Público. Lo que tengo que lamentar de nuestra conversación es que en un pasado ya lejano, en aquella época del Lava Jato, era el Poder Judicial y el Ministerio Público, que hoy presido y comando, que el jefe del interior que criminalizó la política, la gestión los últimos cuatro años, fueron los partidos de izquierda que criminalizaron la política. Ahora. la política de derecha está criminalizando la política de izquierda. El Procurador General de la República no es el gobierno, no es la oposición, es la Constitución Federal. Tiene el deber de velar por la Constitución y las leyes, goza de las garantías constitucionales y está sujeto al sistema de frenos y contrapesos, así como el presidente de la República, los ministros del Supremo Tribunal Federal. De esa manera, actuamos con cautela dentro de la Constitución y las leyes, porque la criminalización de la política tomó a Brasil. A partir de 2014 hay una debacle social y sobre todo económica, por la desestabilización institucional que sufrimos con el conocido Lava Jato, que hoy he transformado en 27 mesas de trabajo para combatir el crimen organizado. Es decir, Brasil tiene 26 unidades estatales y un Distrito Federal. Hoy el Ministerio Público Federal, creado por mí durante mi gestión, cuenta con 27 organismos con todas las garantías constitucionales, con presupuesto, recursos, personal, laboratorios científicos, para enfrentar la criminalidad en su conjunto. En otras palabras, nuestra posición en nuestra gestión, es cumplir siempre con la Constitución, porque esa es nuestra vocación, especialmente la de 1988, que superó todas y cada una de las Constituciones brasileñas en cuanto a las atribuciones encomendadas al Ministerio Público brasileño.
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