18 julio, 2024

La suave respuesta de Gabriel Boric a Alberto Fernández: “Las urgencias están en otra parte”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió después de varias semanas contestarle al documento del Grupo de Puebla, que encabezó en Argentina Alberto Fernández, donde se ponía la mira en la Justicia del país vecino.

“Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”, dijo en defensa de su ministro de Justicia, Luis Cordero. “No voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”, agregó el presidente chileno.

Gabriel Boric

Boric habló durante la entrega de viviendas de emergencia a las personas afectadas por los incendios forestales en Punta Lavapié. 

Pero no fue el único de su gobierno en expresarse. Cordero consideró inapropiadas esas declaraciones que prácticamente lo apunta por la situación judicial del dirigente Marco Enrique Ominami, cercano a Fernández.

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“El gobierno no solo es respetuoso de la independencia judicial, sino que promueve la independencia judicial”, dijo Cordero. “Declaraciones que tienen por propósito afectar o comprometer o criticar esa independencia o esa autonomía (judicial), en mi opinión, me parecen impropias”, consideró.

El mensaje del Grupo de Puebla

“En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, introduce la carta que firmaron alrededor de 50 líderes políticos de América Latina.

alberto grupo de puebla 30112021

En el tercer párrafo se apunta directo a la gestión de la Justicia de Boric en Chile. El texto plantea que “una justicia dilatada es una justicia denegada”. “La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado”, considera el texto.

A la situación de Ominami, además, la define como “otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”.

AR / MCP

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Fuente: Perfil

Redacción